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LaTercera / NacionalSorpresiva determinación adoptada el miércoles por el juez Jorge Zepeda gatilló una avalancha de críticas jurídicas y un recurso de apelaciónLos conflictos ocultos tras el fin de la intervención en ex Colonia DignidadDe inmediato surgieron explicaciones que hablaban de pugna de poder entre el magistrado, la jueza de Parral y el CDE. No obstante, el juez a cargo del caso se ha comprometido a tener prontos e importantes logros en la investigación.Malú Urzúa y Patricio TapiaFecha edición: 18-09-2005
Un estado de incertidumbre surgió el miércoles, día en que el ministro de fuero Jorge Zepeda puso fin a la intervención en la ex Colonia Dignidad. El juez, que hasta ahora es el único que en décadas de investigación ha descubierto pruebas materiales de los delitos cometidos en el enclave -fichas con interrogatorios a detenidos desaparecidos y autos que les pertenecían, un cuantioso arsenal de guerra y artículos de tortura- sorprendió a la opinión pública con una resolución que los querellantes en la causa rechazaron de inmediato, a través de recursos de apelación y declaraciones que lo criticaron fuertemente, más que la semana pasada, cuando revocó el procesamiento por asociación ilícita de dirigentes del enclave. Fue así como, a través de su blog, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, fustigó a Zepeda con frases como "las tortuosidades de algunas mentes funcionarias" o con referencias a jueces "no duchos en criminalidad organizada". Tensión con la jueza En privado, quienes no estuvieron de acuerdo con la medida sostienen que se trató de una lucha de poder con el CDE y la jueza de Parral, Jimena Pérez Pinto, quien antes estuvo a cargo de la querella por asociación ilícita presentada por el organismo estatal. Un antecedente avalaba esa tesis: antes de la intervención la magistrada solicitó al ministro los informes relativos a las armas y copia autorizada de las fichas halladas en la ex Colonia. Respecto de éstas, otro cuestionamiento surgió luego al trabajo de la jueza Pérez: desde 2000 existían en Parral numerosas cajas con carpetas halladas en el enclave, las que nunca fueron ordenadas periciar. Esos antecedentes eran la base de las fichas que luego encontró el ministro, quien se negó al requerimiento, pues eran datos que aún estaba trabajando, justamente, con miras a un eventual procesamiento por asociación ilícita. También incidió la forma en que la magistrada le solicitó los documentos, que habría consistido prácticamente en una orden, o por lo menos así lo comunicó al pleno de la Corte Suprema cuando debió rendir informe de sus avances, a raíz de una petición del CDE de otorgarle dedicación exclusiva a la jueza de Parral, solicitud que el máximo tribunal desechó, traspasando esa investigación al ministro. Con el CDE, en cambio, la relación no registraba tensiones, salvo la sospecha que rondó por las oficinas del ministro de que el caso Colonia Dignidad se estaba transformando en un elemento de campaña política, algo similar a lo que dijo el jueves a La Tercera el presidente (S) de la Corte Suprema, José Benquis, respecto de los comentarios que hiciera Szczaranski en internet. Otro cuestionamiento se relaciona con las ofertas hechas a los colonos, como el reparto de tierras, cosa que el ministro estimaría legalmente imposible sin que antes el Estado adquiriera esos terrenos; o la idea de que sólo la intervención podría hacer que se pagaran salarios y hubiese previsión, lo que en realidad, cree, compromete la fiscalización de la Dirección del Trabajo. El ministro resistió el embate e insistió en que lo dejaran trabajar en la lectura de la resolución, que apunta a que intervenir empresas conformadas por múltiples socios, no todos querellados en una causa, es un error legal, como también que en el expediente que tramitó la jueza Pérez -y que él ahora tiene en su poder- no está probado que el origen de los dineros sea ilícito, pues hasta ahora sólo aparece que todo se inició con el aporte de colonos que llegaron a Chile y traspasaron fondos mediante escrituras públicas. En los últimos días los ánimos parecen haberse calmado. El juez reorganizó el trabajo e incorporó más personas a su equipo. Asimismo, los informes pendientes de Investigaciones están llegando y, según señalan los "zepedistas", el conflicto ha dado un nuevo e inesperado impulso a la investigación.
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